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Por: Victoria Solis Pauwels
Durante los años 50 y 60 del siglo XX, Colombia produjo un gran volumen de vivienda social de alta calidad. En esta serie de crónicas, Victoria Solis Pauwels explora la arquitectura detrás de estos barrios, qué tanto se transformaron y cómo se vive allí hoy en día.
Vista Quinta Mutis - BCH. PROA
Con la aprobación reciente de algunos macroproyectos urbanos destinados a habilitar el suelo para vivienda social e intentar bajar el porcentaje de asentamientos ilegales en Bogotá, entramos quizá en una nueva etapa en la historia de la vivienda pública masiva y a gran escala. Sin embargo, el balance de Metrovivienda en la ciudad, con 350 hectáreas construidas en sus doce años de funcionamiento y proyectos realizados como la Ciudadela El Porvenir, la Ciudadela El Recreo o el Plan Parcial en Usme, no son comparables ni en calidad ni en cantidad a las obras y proyectos construidos durante la modernidad colombiana que, con investigaciones y propuestas innovadoras para la época, logró realizar aportes trascendentales que aún son objeto de estudio y análisis. ¿Pero cuáles eran los objetivos de la vivienda pública hace sesenta años?
La vivienda fue una preocupación evidente durante todo el siglo XX, pero tras el crecimiento de la población (de tener 175.000 habitantes en 1920 a 330.000 en 1940 y 650.000 diez años después) y la instalación definitiva de fábricas y el crecimiento de barrios obreros en sus alrededores como Germania o La Perseverancia, era evidente que la realidad física y social urbana había cambiado y había que hacer ajustes para enfrentar ese cambio. Los primeros pinitos llegaron en 1938 cuando, con motivo de la celebración del IV centenario de fundación de la ciudad, la coincidencia de la fundación de la primera escuela de arquitectura y la llegada del discurso higienista, se hizo una exhibición que comparaba en paralelo una casa antigua (un solo espacio, pocas o ninguna ventana, hacinamiento) y lo que sería con las nuevas propuestas (varios espacios, luz, ventilación, batería de servicios).
El paso siguiente fue la creación de dos entidades gubernamentales, con recursos propios tanto técnicos como de capital, encargadas de abordar el tema de la vivienda social a gran escala a nivel nacional: el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y el Banco Central Hipotecario (BCH).
El Instituto de Crédito Territorial (ICT), que fue creado en 1939 para la construcción de vivienda rural y que en 1942 amplió sus objetivos a la vivienda popular urbana, tuvo el gran privilegio de contar entre sus filas arquitectos y firmas de la talla de Obregón y Valenzuela y Carlos Martínez. Inclusive el mismo Le Corbusier fue consultado en la época para hacer un convenio entre esta entidad y el ATBAT (Atelier des Bâtisseurs). En su historia, ésta institución llegó a construir 548.497 unidades de vivienda repartidas en 2.621 proyectos a nivel nacional.
Por su parte, el Banco Central Hipotecario (BCH), fundado en 1908, se especializó desde 1932 en financiar directamente proyectos de vivienda, 39 de ellos en Bogotá con un total de 14.040 unidades. Esta entidad, en asocio con la Fundación Gaviotas, empleó en sus últimos años, energía solar para el calentamiento de agua en la urbanización El Tunal y en la nueva Villa de Aburrá en Medellín y un proyecto en San Andrés que retoma la arquitectura tradicional isleña.
Estas entidades -y los diferentes grupos de arquitectos que las conformaron- incentivados por la transformación que estaba teniendo la vivienda y las formas de habitar a nivel mundial, y ante el exponencial crecimiento de las ciudades (Bogotá pasó de 650.000 en 1950 a 1.500.000 en 1964), aprovecharon los adelantos tecnológicos del momento en la construcción (sistemas de prefabricados, autoconstrucción dirigida, nuevos materiales) en busca de la racionalización de los recursos y a través de la investigación y conocimientos de transferencia de entidades como el Centro Interamericano de Vivienda (CINVA), exploraron y ensayaron características mínimas para una vivienda digna, implementando servicios públicos comunes a cada unidad y buscando la eficiencia modular, hasta el punto de crear piezas prefabricadas que podrían ser después adquiridas por los propietarios para hacer modificaciones y ampliaciones. Proyectos como Los Alcázares y Muzú del ICT y Quinta Mutis del BCH son algunos de los desarrollos urbanos que se planearon, diseñaron y construyeron bajo estas premisas en Bogotá, y de los que haremos un recorrido más en detalle en las próximas crónicas.
Es probable que las obras de ICT y BCH hoy en día sean consideradas una nimiedad, pero debemos tener en cuenta que en su momento se trataba de la implementación a gran escala de una nueva forma de vivir. Desafortunadamente el desmesurado crecimiento de la población (de 1.500.000 en 1964 a 4.000.000 en 1985), una excesiva estandarización-repetir el mismo tipo sin reparo en las necesidades de los habitantes y determinantes del sitio- sumado a limitaciones en el presupuesto, el empobrecimiento en las investigaciones y especialmente los cambios de política en estas instituciones, sellaron su suerte entre los años 70 y 90: El BCH desapareció y el ICT fue absorbido por el INURBE, entidad que desapareció hace unos años.
Hoy los retos cuantitativos son alarmantes y los retos cualitativos ante el desarrollo sostenible quizá más exigentes. Estas nuevas circunstancias se constituyen en una nueva oportunidad para repensar, reconsiderar y rediseñar no solo la vivienda sino la forma en que vivimos, a reflexionar sobre el papel de los arquitectos y del Estado en la transformación actual de las ciudades, como lo hicieron estas instituciones y profesionales hace ya más de setenta años.
