Eldorado como un asunto de negocios

A57 / Opinión / Bogotá y Cundinamarca

Nuevos acontecimientos en el caso Eldorado: la posible inclusión del edificio en la lista de bienes de interés cultural del Distrito Capital será discutido en el Consejo Asesor de Patrimonio. Juan Luis Rodríguez argumenta que la conservación del edificio, antes que de leyes, debería depender de la combinación de aprecio por el edificio, opinión pública y sensatez por parte de las partes, dirigidos a ayudar que el consorcio Opaín pueda renegociar el contrato que lo obliga a demoler el edificio.

Por: Juan Luis Rodríguez*

Celebro que Elsa Koppel y la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá se vinculen al tren de la conservación del edificio Eldorado. Considerando que la estrategia que ha venido siguiendo el trío Opaín-Aerocivil-Ministerio de Transportes es el silencio, el hecho de que Koppel haya logrado que Juan Alberto Pulido haya dicho "algo" en El Tiempo el 18 de marzo, así sea negativo, es todo un acontecimiento. En El Espectador del mismo día también fue noticia Eldorado, pero ahí no hay nada que celebrar, precisamente porque el silencio patrimonial sí se hizo presente. Aunque la eventual carrera entre detractores y defensores va siendo ganada -de lejos- por los demoledores, el edificio todavía está en pié.

Ante la propuesta de promulgar una nueva ley, hay que comprender que cualquier cambio a estas alturas pone a la defensiva al más bienintencionado, aún si no le conviene. En el artículo de El Tiempo, Pulido sugiere -no argumenta sino apenas sugiere- que es “tarde” para una declaratoria de conservación. Si se quiere que las cosas empiecen a mejorar, habría que empezar por reconocer que la declaratoria tiene por lo menos tres años de retraso, y que dados los términos contractuales, el reclamo de extemporaneidad de Pulido y Opaín pone la razón de su lado. Sin embargo, tener razón no significa que las cosas no puedan cambiar; pues e ellos también les convendría reconocer que así como el contrato los ampara, la feroz cláusula de las multas del mismo, también los tiene contra la pared.

No obstante, la solución del problema por medio de leyes llevaría a continuar dentro del círculo del poder y el dinero, cuando podría, y a mi modo de ver debería, convertirse en un asunto de patrimonio, razón y dinero. Para comenzar, antes que forzar, habría que convencer a Opaín, sobre la pertinencia de la conservación. Tampoco persuadirlos por cuanto ello implicaría llevarlos a actuar sin convicción, sino convencerlos de la importancia del edificio y del potencial económico que para ellos podría traer el cambio de planes. En consecuencia, con la esperanza de lograr un agregado mayor de argumentos, propongo inicialmente los siguientes:

1. Dada la dureza de la Aerocivil con el tema de las multas, si Opaín se mostrara favorable a la conservación, esta voluntad podría servirle al consorcio para renegociar los términos del contrato; y simultáneamente, para obtener un beneficio económico del mismo edificio; además de eludir el maleficio económico al cual están condenados.

2. El beneficio empieza por la posibilidad de negociar las multas y continúa por evitar los costos de la demolición. Al eludir la demolición, no tendrían que hacer otro gasto, simplemente porque el edificio nuevo tendrá todo lo necesario y el área libre después de la eventual demolición está destinada al parqueo de seis aviones. Si esta cantidad de parqueos es indispensable, utilizar Catam sería más lógico que demoler Eldorado. Subrayo “más lógico”, y lo digo en lugar de “más simple”, dada la supuesta intransigencia de los militares. Pero los militares también entienden de lógica y seguro que alguien con el temple adecuado los podría convencer. Con persuadirlos sería suficiente pero valdría más si se gana como Gandhi, por puro convencimiento.

3. Si el beneficio para Opaín empezaría con la negociación de las multas y la evasión de costos de demolición, podría concluir con negocio que puede resultar de la reutilización del edificio mediante una eventual concesión. por ejemplo, con una cadena hotelera. De cierto punto en adelante, el terminal se convirtió en un estorbo dentro del proceso de diseño, esencialmente porque el esquema “moderno” de funcionamiento en dos niveles del nuevo aeropuerto, no se acopla al sistema "anticuado" de Elviejo. Dado lo avanzado del proceso de diseño, se debería aceptar que para terminal aéreo, como para la declaratoria de conservación, también puede ser tarde. En cambio, para un uso complementario todavía hay tiempo de sobra.

En últimas, lo que habría que lograr es una cadena de convencimientos que empiece por Opaín, es decir, por Juan Alberto Pulido, quien evidentemente está al mando de un problema muy gordo. Pero Pulido, además de la capacidad para silbar y subir las cejas cuando las circunstancias se lo permiten, también ha mostrado disposición para enfrentar la situación cuando ha sido necesario. Si Opaín, es decir, si Pulido se convenciera y le viera posibilidades económicas a la conservación, aumentarían las posibilidades de cambiar el rumbo del proyecto. No está de más recordar que estamos tan cerca de la primera multa, como estamos de lejos del primer piquetazo o bombazo, según la técnica escogida para la demolición.

Las vías legales, dadas las circunstancias, no son el camino más adecuado. En cambio, la vía de la racionalidad, la fuerza del mejor argumento y la vinculación del sujeto llamado “opinión pública”, se deberían adoptar como premisa y como política por parte de todos los interesados. Insistir en la legalidad y en una normatividad a posteriori sería jugar con las armas equivocadas, pues la ley está del lado de la Aerocivil y, aparentemente, de Opaín. Pero en realidad, la ley está en contra de Opaín y del edificio.

Tal como el contrato se lo permite, y para el caso, se lo exige, la Aerocivil está haciendo lo que debe hacer: rendir las cuentas del caso y anunciar la ejecución de las cláusulas. Lo está haciendo y lo seguirá haciendo, considerando que el contrato dice, y ahora exige que el terminal sea demolido. Sería una mala política proseguir como si esto fuera un asunto de leyes, y no de sensatez, aprecio por el edificio y opinión pública. Y desde luego, también un asunto de negocios.

Juan Luis Rodríguez es arquitecto investigador y profesor vinculado a la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.